En los primeros seis meses de 2025, Puebla acumuló tres casos de acoso judicial contra periodistas, posicionándose entre los estados más hostiles para la prensa. La organización Article 19 hizo un llamado urgente a revisar las leyes que se utilizan como herramientas de censura en el país.
Uno de los casos destacados involucró a la periodista Ruby Soriano. En febrero, el Instituto Estatal Electoral le pidió eliminar una publicación sobre la trayectoria política de la diputada Graciela Palomares. Aunque se determinó que su mensaje no constituía violencia de género, la autoridad responsabilizó a Soriano por comentarios de terceros.
La situación evidencia cómo la normativa puede ser empleada para intimidar y limitar la labor periodística. Article 19 exigió a las autoridades abstenerse de hostigar a comunicadores mediante vías legales, electorales, civiles o penales.
Puebla compartió la cuarta posición nacional con Campeche y Oaxaca. Veracruz lideró con diez casos, seguido de Ciudad de México con nueve y Jalisco con seis. Otros estados como Aguascalientes, Baja California, Guerrero, Quintana Roo, Tamaulipas y Tlaxcala registraron dos casos cada uno, mientras que Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Yucatán tuvieron un caso cada uno.
A nivel nacional, Article 19 documentó 51 casos de acoso judicial en el primer semestre de 2025. Se vieron afectados 39 periodistas —28 hombres y 11 mujeres— y 12 medios de comunicación. La organización alertó que este patrón pone en riesgo la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y crítica.
El acoso judicial también alcanza a ciudadanos críticos en redes sociales. Un ejemplo es Karla Estrella, de Sonora, sancionada por cuestionar posibles actos de nepotismo de una diputada, lo que demuestra que la presión legal no solo golpea a periodistas, sino también a la sociedad que ejerce su derecho a la libre expresión.
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